Izquierda Unida pide que se pase de las declaraciones a los hechos e insiste en que, dada la mayoría parlamentaria que se ha conformado en esta nueva legislatura y que ya se ha admitido a trámite la derogación de la LOMCE, los partidos del cambio se pongan manos a la obra y articulen las medidas legislativas necesarias para que la nefasta Ley Wert se deje de aplicar ya este curso 2015-2016 y se suspenda el calendario de su implantación, las reválidas y las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Además IU reclama el consenso de las Cortes para responder a la demanda ciudadana y se tenga en cuenta el ‘Documento de bases para una nueva Ley de Educación, Acuerdo social y político educativo’ consensuado ya entre la comunidad educativa, los movimientos sociales, los sindicatos, especialistas en educación, partidos políticos y mareas verdes, para establecer una ley educativa definitiva que de, por fin, estabilidad al sistema educativo español.
La oposición se comprometió por escrito, en julio de 2013, hace dos años y medio, a derogar la LOMCE en el primer periodo de sesiones. Con la incorporación en esta nueva legislatura de Podemos, en Comú Podem y En Marea, habría posibilidades de llegar a la mayoría absoluta que se requiere para derogar esta ley orgánica, que actualmente solo defiende el Partido Popular. Porque, como se ha repetido hasta la saciedad, los partidos que quieren derogar la LOMCE superan la mayoría absoluta en el Congreso, sumando 187 escaños, once más que los necesarios.
No se trata de hacer “brindis al sol” o gestos de cara a la galería, queriendo aparecer en los medios de comunicación como los primeros que “piden” la derogación o presentan una proposición no de ley en este sentido. No se trata de pedir. Se trata de conquistar y de conseguir realmente aquello para lo que la ciudadanía puso su confianza en los representantes que ahora están en las Cortes. Por lo que es necesario, urgente y vital que todos los partidos de la oposición recuerden que, mientras arreglan pactos y acuerdos, no pueden dejar de dar respuesta a lo que realmente es importante.
Revertir el recorte de los más de 30.000 profesionales de la enseñanza despedidos y que ha supuesto un desmantelamiento de la educación pública, o la inmediata retirada de las reválidas y la recuperación del sentido formativo de la evaluación, o el incremento de la inversión educativa y becas a la media europea o el desarrollo de programas de atención a la diversidad. Medidas concretas e inmediatas que se pueden poner en marcha ya.
Se trata, en definitiva, de que las Cortes Generales se pongan manos a la obra, sin más dilación y sin dejarse absorber por “juegos de tronos”, respondiendo de manera prioritaria a las reclamaciones de las ciudadanas y los ciudadanos expresadas con toda claridad en las urnas, y acometer no sólo medidas “paliativas” sino plasmar realmente su compromiso firmado de derogación Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
La derogación de la LOMCE, con la paralización cautelar de su desarrollo y la retirada de todos los recortes educativos, son inexcusables a estas alturas, como han recordado las Mareas Verdes, los sindicatos y la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública. Menos buenas palabras y más acciones concretas que reviertan las políticas neoliberales del PP, es lo que reclama en definitiva la comunidad educativa.
Pero con la derogación de la LOMCE no se trata de volver a la LOE, “caballo de troya” que facilitó las medidas que luego adoptaría la LOMCE. De hecho, esta ley no es ni siquiera una ley como tal, sino una modificación de artículos de la LOE.
Se trata de plasmar legislativamente, en una nueva “Ley de Estado”, que dé estabilidad y continuidad al sistema educativo, lo que ya ha consensuado, tras un amplio debate de dos largos años, la comunidad educativa, los movimientos sociales, los sindicatos, especialistas en educación, partidos políticos y mareas verdes. Y que se ha reflejado en una alternativa compartida de modelo educativo, que ha sido construida participada y colectivamente, y se ha reflejado en el denominado ‘Documento de bases para una nueva Ley de Educación, Acuerdo social y político educativo’.
Necesitamos dar, por fin, estabilidad al sistema educativo español. Por los jóvenes que actualmente pueblan nuestras aulas y por las futuras generaciones que deben ver garantizado su derecho a una educación que asegure el éxito de todos y de todas.