Izquierda Unida espera que las doce Comunidades Autónomas opuestas a la LOMCE consigan llevar a cabo la demanda de la comunidad educativa de paralizar su aplicación, en la Conferencia Sectorial de Educación con el actual ministro de Educación, forzando al PP a dar marcha atrás en esta contrarreforma educativa.
La total falta de apoyo cosechada en el ámbito parlamentario cuando se aprobó esta contrarreforma educativa de Wert y el amplio rechazo mostrado por todos los sectores de la comunidad educativa, que han protagonizado una movilización sostenida durante toda la andadura del proyecto de ley, antes y después de su paso por las Cortes, muestra a las claras la necesidad y actual urgencia no sólo implementar medidas “paliativas”, sino de escuchar a la comunidad educativa y a la sociedad en general, relegando el empeño del partido –por ahora en el gobierno- de poner en marcha una ley que nació muerta, y que está provocando el caos en colegios e institutos, con el consiguiente perjuicio para padres y madres, profesorado y alumnado.
No se trata sólo de que se acuerde la dotación de los más de 30.000 profesionales de la enseñanza recortados y que ha supuesto un desmantelamiento de la educación pública, o la inmediata retirada de las reválidas y la recuperación del sentido formativo de la evaluación, o el incremento de la inversión educativa y becas a la media europea o el desarrollo de programas de atención a la diversidad. Se trata de que en la Conferencia Sectorial se acuerde paralizar definitivamente la aplicación de esta contrarreforma educativa que atenta contra el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, y que busca seleccionar futuras élites dirigentes segregando y excluyendo a quienes más apoyo necesitan.
Pero se trata igualmente de seguir progresando en el amplio debate que se está realizando ya con toda la comunidad educativa, los movimientos sociales, los sindicatos, especialistas en educación, partidos políticos y mareas verdes, en la construcción colectiva de una alternativa compartida de modelo educativo y que se plasme en el denominado ‘Documento de bases para una nueva Ley de Educación, Acuerdo social y político educativo’. Las Comunidades Autónomas deben sumarse a esta propuesta que dé, por fin, estabilidad al sistema educativo español.
Madrid, 13 de agosto de 2015
Área Federal de Educación de IU